La violencia de género es un grave problema que afecta también a las mujeres mayores. Se trata de un maltrato más invisible para el conjunto de sociedad. Las víctimas son, en su mayoría, más vulnerables por motivos físicos, psicológicos, económicos, sociales y familiares. De ahí la importancia de la prevención y abordaje de situaciones de violencia y maltrato que afectan a las mujeres mayores, a través de diferentes programas y planes. Es el caso del programa municipal “Vidas Libres de Violencia Machista” que se lleva a cabo con buenos resultados en el Ayuntamiento de Portugalete (Bizkaia), si bien – al tratarse de un fenómeno en muchos casos silenciado- se hace difícil la detección y cuantificar su dimensión real.
El Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) de Portugalete del Departamento de Bienestar Social del Ayuntamiento de esta localidad, dirigido y gestionado desde el año 2010 por el Grupo Lagunduz, junto con la Fundación Salud y Comunidad, trabaja alineado con el V Plan para la igualdad de mujeres y hombres 2020-2024 de esta localidad.
En concreto, a través del programa municipal “Vidas Libres de Violencia Machista”, aplicando la perspectiva de género, el empoderamiento y el acompañamiento, participando de forma proactiva en la detección, y prevención, de posibles situaciones de violencia machista en mujeres mayores de 60 años.
Cabe señalar que el colectivo de personas mayores con discapacidad es uno de los más afectados por su vulnerabilidad, soledad y falta de autonomía. Las discapacidades más frecuentes, que cada vez comienzan a una edad más temprana, son las relacionadas con la disminución de las capacidades visuales y auditivas, seguidas de la movilidad en el exterior de la vivienda (en muchos casos, asociadas a las visuales).
Además, los estudios que reflejan los malos tratos, a través de distintas evaluaciones realizadas, señalan que, en el caso de las personas mayores, el “perfil” más común de víctimas de violencia o abuso en personas mayores, es el de una mujer mayor de 75 años, dependiente en sus actividades de la vida diaria y aislada socialmente (Iborra, 2008).
Por otra parte, la conexión entre el “edadismo” y el machismo, está avalada por numerosos estudios, como la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer (2019) que refleja diferencias en la incidencia de la violencia de género relacionadas con la edad.
Por poner algunos ejemplos, respecto a la pareja actual, las mujeres mayores mostraban prevalencias de violencia más altas que las menores de 65 años; o recurrían en menor medida a servicios de ayuda o a personas de su entorno.
En relación al “edadismo”, adquiere una gran importancia la presencia de estereotipos vinculados al conjunto de las personas mayores. Ello incide en generar un caldo de cultivo para el abuso y la violencia hacia las mujeres mayores en diferentes ámbitos, haciendo perdurar un grave problema que no es fácil de abordar, dado el temor de las mujeres mayores a denunciar a personas de su entorno familiar, de las que dependen, en muchas ocasiones, su supervivencia.
En conclusión, existen mayores dificultades para la detección de esta situación, también a la hora de solicitar apoyos, para la autoidentificación de la violencia, así como desconocimiento de los recursos de apoyo o autopercepción de imposibilidad de salir de la situación que sitúa a las mujeres mayores ante una doble discriminación, por razón de género y de edad.
En este contexto, desempeñan un papel importante las administraciones públicas, así como las entidades sociales y sus profesionales, en la prevención y abordaje de estas situaciones de discriminación, generando iniciativas que eviten estas circunstancias de maltrato, abuso o violencia hacia las mujeres mayores.
Según previsiones de la Organización Mundial del Salud (OMS), el número de casos de maltrato en las personas mayores puede verse incrementado en el futuro, teniendo en cuenta que muchos países experimentan un rápido envejecimiento de su población.
Las necesidades de las personas mayores, en un contexto de envejecimiento demográfico, podrían no ser fácilmente atendidas, debido a la limitación de los recursos existentes en materia de servicios sanitarios, sociales y de seguridad económica, a través de las pensiones, tal y como señalan diferentes estudios. Esta situación se podría incrementar notablemente en el caso de las mujeres mayores que se convierten a menudo en víctimas por razón de género y edad.